El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que de imponerse en las elecciones llevaría adelante una deportación de millones de migrantes. De qué se trata la iniciativa y cuáles es su factibilidad ante los desafíos económicos y logísticos que implica.

El líder republicano señaló durante la campaña presidencial que expulsaría a todos aquellos que no cuenten con la documentación que avale su estadía en Estados Unidos.

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Se estima que de llevar adelante esta acción, debería abarcar un universo de más de 11 millones de personas que carecen de estatus legal permanente y otros 2,3 millones que cruzaron la frontera entre enero de 2023 y abril de 2024.

Opositores y detractores no sólo cuestionan la violación de los derechos humanos que tal programa implicaría, sino que también han llamado la atención por su dudosa viabilidad económica y su factibilidad operativa, que implicaría cifras astronómicas que pondrían a prueba la infraestructura y los recursos del país.

Sobre la legalidad

Según la ley estadounidense, estos migrantes tienen derecho al debido proceso, lo cual incluye una audiencia judicial antes de ser deportados.

Para materializar un incremento sustancial en las deportaciones, se requeriría una expansión significativa del sistema de tribunales de inmigración, actualmente saturado, lo cual dificultaría la ejecución expedita de un plan de deportación masiva.

Además, las complejidades legales se intensifican debido a las llamadas “ciudades santuario,” urbes donde las autoridades locales han limitado la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta falta de cooperación entre agencias locales y el ICE complica las operaciones de detención y deportación, ya que en muchas ciudades los inmigrantes indocumentados no son puestos bajo custodia federal por la policía local.

Expertos en políticas migratorias, como Kathleen Bush-Joseph, han señalado que la cooperación de las autoridades locales sería clave para implementar un programa de deportaciones masivas, sin embargo, varios condados han dejado claro que no participarán en estos operativos, aumentando así la dificultad de llevarlos a cabo de forma efectiva.

Impacto económico de la deportación masiva

El costo de implementar un programa de deportación masiva, según el American Immigration Council (AIC), podría alcanzar un costo total de 968,000 millones de dólares en un período de 10 años. 

Este gasto anual sería equivalente a cuatro veces el presupuesto de la NASA o el doble de lo destinado al Instituto Nacional de Salud. Además, se prevé una disminución significativa en el PIB, una reducción en el empleo y una caída en la recaudación de impuestos, lo que incrementaría el déficit fiscal.

Además, los sectores económicos que dependen en gran medida de la mano de obra migrante, como la construcción y la agricultura, serían particularmente vulnerables. 

Se estima que la operación requeriría entre 220 mil y 400 mil nuevos empleados, ejerciendo una presión adicional en un mercado laboral ya tenso.

Desafíos logísticos

Desde un punto de vista operativo, la propuesta enfrenta serios obstáculos. La deportación de 13 millones de personas en un corto período de tiempo, de llevarse adelante, implicaría un desafío logístico y operativo sin antecedentes. 

Actualmente, el sistema de detección de Estados Unidos tiene capacidad limitada, con 41.500 inmigrantes detenidos diariamente, lo que sería insuficiente para manejar una operación de esta magnitud.

Además, el sistema judicial de inmigración está sobrecargado. Según la prensa estadounidense, para procesar un millón de casos al año, se necesitaría triplicar el tamaño de las cortes de inmigración, construir nuevas instalaciones y contratar personal adicional.

Estos cambios, además, requerirían una reforma del marco legal actual, asignaciones extraordinarias de presupuesto y una coordinación en la arena política, para no empantanarse en su desarrollo. Situación que implicaría en un escenario altamente polarizado como el actual, lograr importantes cuotas de colaboración política entre ambas fuerzas. Sin embargo, la arrasadora victoria del pasado martes, allanaría el camino de forma significativa.

En tanto, aunque la retórica de campaña de Trump prometió una ejecución rápida y efectiva, los expertos coinciden en que la realidad es muy distinta. John Sandweg, exfuncionario de seguridad nacional, subraya que, incluso con un Congreso cooperativo y los recursos financieros necesarios, la operación no podría estar plenamente operativa en un plazo de cuatro años.

La propuesta de deportación masiva promovida por la campaña de Trump, con la cifra inicial de un millón de deportaciones como primer objetivo, en tanto, implica serias violaciones a los derechos de los migrantes.

Organizaciones avocadas a la defensa de los migrantes han advertido sobre el alto costo humano y el impacto que tendría en las comunidades, con posibles separaciones familiares y operativos en lugares de trabajo a lo largo de EE.UU. Aunque un fallo de la Corte Suprema en 2022 permite que las políticas de inmigración se mantengan vigentes mientras se resuelven las impugnaciones legales, la viabilidad de deportar a millones de personas sigue en entredicho.

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